PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEY DE CALIDAD
Mesa de Educación Infantil de la CMRP

Quienes componemos la Mesa de Educación Infantil de la Confederación de Movimientos de Renovación Pedagógica queremos pronunciarnos sobre la Ley de Calidad, a partir del análisis global de la misma, y de forma más específica en cuanto a su planteamiento de cara a la primera etapa del Sistema Educativo.

Fruto de la reflexión conjunta establecida en las distintas Comunidades Autónomas, y a la luz de la realidad que en cada una de ellas se está configurando en este momento, creemos necesario insistir en que la situación, si bien es ya grave para todas las etapas, se perfila como algo alarmante de cara a las primeras edades.

     Todas las críticas que desde diversos ámbitos se han hecho a la Ley de Calidad aparecen remarcadas cuando se lee desde la perspectiva de Educación Infantil.

• Es una Ley que fomenta la discriminación, la segregación. Este rasgo, que se desarrolla con especial nitidez al referirse a la población inmigrada y al alumnado que muestra necesidades educativas, se manifiesta desde los primeros artículos, al excluir al ciclo 0-3 del sistema educativo. Las administraciones educativas deben liderar la coordinación entre diferentes servicios y deben asegurar la respuesta adecuada a las necesidades de algunas familias especialmente desfavorecidas y que necesitan  apoyo en sus responsabilidades de educación y de crianza.

• Es una ley que no presenta una reflexión ni un diagnóstico sobre las familias y la infancia actual. Las relaciones familiares y sociales se han visto modificadas en las últimas décadas tanto en el ámbito rural como en el urbano. Esta ley no explicita una concepción de persona, de sociedad, ni tampoco define cuál es el objetivo de la educación en este tiempo de migraciones, de cambios en las fronteras, de reparto injusto de la riqueza, de nuevas formas de comunicación a partir de los recursos tecnológicos y de necesidad urgente de solidaridad y reflexión crítica y ética.

• Es una ley que vuelve a recurrir a una organización jerárquica de los centros que ya se ha demostrado que no facilita las relaciones ni los aprendizajes. Desde las primeras líneas se observa la absoluta ausencia de planteamientos que promuevan la participación de las familias y de los agentes sociales en la vida escolar. Se pretende volver a reforzar los directores, los cargos unipersonales, la relevancia de las cátedras y las inspecciones. Se confunde autoridad con poder y convivencia con disciplina. Las escuelas infantiles, así como el resto de centros escolares, no tendrán futuro si no se adaptan a las necesidades sociales y si no se definen como centros para la transformación social a partir del trabajo colectivo como comunidad escolar, como comunidades de aprendizaje y de investigación.

• Es una ley que habla de instruir y de seleccionar y rechaza la educación y la comprensividad. Resulta especialmente llamativo el planteamiento de los itinerarios previstos para el alumnado adolescente en función de sus conocimientos y de su procedencia, pero son igual de inaceptables los planteamientos para la primera infancia, ya que excluyen a los menores de tres años del marco educativo y supeditan la escolarización hasta los doce años a los objetivos de etapas posteriores.

• Es una ley que insiste en subrayar el carácter asistencial de la intervención con las primeras edades. En la escuela actual, a partir de demandas de algunas familias y de la presión de la oferta privada, se ofrecen algunos servicios que no son estrictamente escolares (como espacios para el ocio organizado, tiempos de desayuno, extensión de horarios...) pero esto no debe hacerse de cualquier manera. La educación obligatoria y también la no obligatoria tiene un carácter socio-educativo indiscutible pero todo no vale en esta oferta. Los equipos educativos deben ser conscientes de su importante papel cultural y social pero deben diseñar su oferta en coherencia con su proyecto educativo. Es decir, respuesta a las necesidades sociales y familiares sí pero aparcamiento no.

• Es una ley que recurre a terminología superada y deja al 0-3 relegado a la segunda categoría. Volver a denominar “preescolar” a la oferta diseñada para las niñas y niños menores de tres años supone definir a partir de una negación: lo que no es escuela. El ciclo responsable de la respuesta desde el nacimiento hasta los tres años se presenta vacío, sin objetivos ni contenidos, sin sentido que justifique su valor. Sin embargo, este vacío no supone que vayan a ser admitidas las experiencias que han demostrado fuerza, calidad y coherencia, sino que el vacío que se observa en esta ley va a ser llenado por las regulaciones que está previsto publicar en diferentes comunidades autónomas. Romper el planteamiento 0-6 supone despojar a la educación de las primeras edades de su propia identidad, desmembrar una etapa, no reconocer sus características singulares. Hacer que la atención a los menores de tres años dependa de administraciones no educativas supone supeditar los objetivos de adecuación de la oferta a las condiciones de la financiación.

• Es una ley que entra en contradicciones al definir las etapas voluntarias. La escolarización para los menores de seis años puede ser voluntaria para las familias pero la oferta de plazas suficientes debe ser obligatoria para la administración. Asimismo, la oferta a partir de los tres años está tan generalizada que prácticamente se vive una presión social que la convierte en obligatoria. Una etapa no puede ser a la vez voluntaria y fundamental para el aprendizaje de la lectura, de la lengua extranjera, para el manejo de las tecnologías. Tras esta contradicción se observa un descarado objetivo de apoyo económico a la oferta privada.

Por todo ello, se hace urgente un llamamiento a replantear la propuesta desde el compromiso con una Educación completa que bajo ninguna circunstancia debe olvidar que toda persona es sujeto de derecho desde el momento de su nacimiento, y que la Educación se establece como uno de los derechos fundamentales.

Confederación de M.R.P.
Mesa de Educación Infantil
Junio de 2002
(Contacto: Mª José Martín. Tfno: 916937878)