El modelo de dirección escolar

La Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Madrid invita a todos los agentes sociales de la educación, especialmente a los padres y profesores, a debatir algunas cuestiones relativas al modelo de dirección escolar, que se consideran fundamentales.

Todavía no se tiene el texto de la propuesta ni se ha manifestado claramente el Ministerio por el cambio de modelo; pero, oficiosamente, se ha planteado una propuesta de cambio en la que se propone, dentro de la enorme vaguedad que la caracteriza, un cambio del modelo participativo de dirección escolar, sustituyéndolo por otro denominado “profesional”, en el que el director no sería elegido por el Consejo Escolar, sino nombrado directamente por la Administración tras consultar al Claustro de Profesores.

Las razones que apoyarían este nuevo modelo son muy dispares, y van desde la falta de candidatos para ocupar las plazas (en torno a un 40 % tienen que ser nombrados por la Administración), pasando por la necesidad de reforzar esta figura ante los problemas de organización de los Centros o el incremento de las situaciones de indisciplina; todo ello en el marco más general del nuevo paradigma de “calidad”, basada en el modelo neoliberal,  en el que juega un papel fundamental una dirección interpretada desde posiciones y presupuestos gerencialistas, de eficacia y eficiencia, orientada a la satisfacción de las necesidades de sus clientes que ven garantizado su derecho a la educación al tener igualmente garantizado su derecho a elegir centro.

En primer lugar, se echa en falta un mínimo análisis de los problemas e insuficiencias que actualmente presenta el modelo de dirección vigente, así como una identificación de aquellos factores que están influyendo en la supuesta falta de voluntad por parte de los profesores para optar a las plazas de dirección. Al carecer de este mínimo análisis de los factores que están influyendo en la situación, se corre el riesgo de adoptar medidas que no contribuyan a solucionar el problema; algo parecido sucedió con la LOPEGCE, que introdujo unas propuestas supuestamente incentivadoras de la función  directora, (consolidación del complemento, ampliación del número de años de mandato, equiparación directores elegidos y directores nombrados en cuanto a la duración del mandato, etc.), sin que las mismas hayan incidido en el incremento de voluntarios para ocupar estos puestos.

En segundo lugar, en la propuesta que se realiza se advierte un mimetismo hacia las supuestas bondades del modelo de dirección propio de una empresa privada, orientada hacia el lucro y el beneficio económico, que para nada es coherente y compatible con las características organizativas y culturales de un centro escolar; estamos hablando de una organización no orientada hacia el lucro, en la que los beneficios deben valorarse y examinarse a largo plazo, cuya función no puede nunca analizarse en términos de coste-beneficio, sino más bien en términos de utilidad social.

Por ello, el estilo y la práctica de dirección no puede trasladarse, sin más, de una organización a otra de características tan diferentes, corriendo el riesgo de “dar un traje” de una persona obesa y alta, a otra más pequeña y delgada: no le valdrá. Los objetivos de una organización impregnan y envuelven toda su estructura y todas sus actividades, dotándole de características totalmente diferentes. No pueden ser las mismas las exigencias derivadas de la búsqueda del beneficio como primer objetivo, del incremento del valor de la propia empresa, que las que se derivan de una organización que busca la formación y el desarrollo integral de la persona, y que trata de que ésta aprenda no sólo contenidos conceptuales, sino también aprenda a ser, a convivir, a participar en la sociedad y a respetar el medio ambiente.  Los valores de la eficacia y la eficiencia tienen connotaciones muy diferentes cuando se aplican a la empresa y cuando se aplican a una organización pública no lucrativa como es la escuela.

Suele presentarse este nuevo modelo con una nueva etiqueta, la de un modelo “profesional”; frente al modelo participativo, se subrayan las características de profesionalidad propias de este modelo, sin que tampoco se identifiquen ni el corpus de conocimiento en que se apoya esta nueva profesión ni tampoco la autonomía de los nuevos directores que puedan justificar esta supuesta profesionalidad.

Más bien hay que señalar que es el modelo participativo el que exige una mayor profesionalidad a quienes lo ejercen; en efecto, la aplicación del modelo participativo exige de sus directores la puesta en práctica de una serie de habilidades interpersonales, de negociación y comunicación, muy superiores a las exigidas desde un modelo puramente tecnocrático; lejos de basarse en las posiciones de autoridad o de poder, la dirección participativa se basa en las capacidades de influencia, de convencimiento, de argumentación, y esto exige el desarrollo de capacidades profesionales específicas.

Tras la propuesta ministerial, o al menos tras lo que conocemos de ella, se oculta una postura de poder, de desconfianza hacia el profesorado y, por supuesto, hacia los padres, madres y alumnos. En efecto, considerando a éstos menores de edad, personas que no tienen claro lo que quieren o dónde quieren llegar, piensa que es necesaria una autoridad externa, dotada de atribuciones impositivas, que marque y establezca las decisiones convenientes para todos; el colectivo, a través de sus órganos colegiados de discusión y decisión, llega a decisiones equivocadas; por ello es preciso que alguien, con mayor conocimiento y autoridad, los dirija por la vía adecuada.

Esta nueva figura, basada en la desconfianza y la falta de credibilidad, esconde en su interior los valores más rancios y autoritarios que caracterizan gran parte de las políticas educativa en nuestro país. Supone un menosprecio a lo colectivo, frente al que se erige la figura del líder, capaz de ver lo que es conveniente para todos y de conducir a todos por el camino recto. Sin duda, el liderazgo es necesario en los centros educativos; pero un liderazgo no autoritario, que cumpla con la función de reforzar la cohesión y la unión del grupo; un liderazgo que concibe el poder de forma participativa y que, por ello no se basa en sus posiciones de autoridad o en una apropiación exclusiva del poder.

Se habla y se dice que, en el nuevo modelo, el director estará fuera de las clases, que no tendrá que completar su horario con docencia, y que ello incidirá, sin duda, en la mejora de su profesionalidad. Difícilmente puede entenderse un director alejado de la enseñanza, con un perfil puramente administrador; por el contrario, dadas las características y la problemática que hay en los centros, pensamos que es necesario, más que nunca, reforzar el perfil pedagógico del director, en la línea señalada anteriormente. Necesitamos un líder educativo, que comparte participativamente su poder, que se centra en la problemática de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que es capaz de poner en marcha los procesos de discusión necesarios para que el centro educativo tenga su propio proyecto educativo, que es capaz, igualmente, de formar y poner en marcha equipos de trabajo colaborativos, base para la elaboración y puesta en práctica de este proyecto educativo participativo.

Y es que es la participación de todos lo que nos estamos jugando con este nuevo modelo de dirección profesional; seguir contando con cauces de información y de opinión, reforzar el asociacionismo y la participación de padres, madres y alumnado, junto con los propios profesores; el tomar las decisiones de manera conjunta y colectiva, sabedores de que la participación no sólo es una garantía de mayor eficacia y acierto en las decisiones tomadas, sino que es, a la vez, garantía del desarrollo educativo de uno de los objetivos básicos en cualquier centro educativo: el de formar personas responsables, interesadas en los problemas y procesos colectivos, a los que les gusta y se sienten moralmente obligados a tomar parte en todos los asuntos del centro.

Es preciso, por ello, discutir las propuestas que se nos hacen y desenmascarar lo que hay detrás de ellas; es preciso, a la vez, exigir de la Administración la puesta en práctica de medidas y de actuaciones que refuercen el modelo participativo, que aseguren la formación en la participación, que contribuyan, en definitiva, al desarrollo de valores alejados de la tecnocracia, pero imprescindibles para aprender a convivir en la sociedad compleja en que nos encontramos.  Son estas las medidas que debe recoger la Ley de Calidad, y no las que, supuestamente, quieren hacernos llegar.

Madrid 1 de marzo de 2002